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Aparecieron para reglamentar, rectificar o suplir determinados preceptos forales que habían regulado la vida municipal de una forma transitoria y provisional. Fueron una necesidad ocasionada por las mismas transformaciones operadas en la vida municipal y con objeto de regular su régimen interno. Se dictaron para ello mandatos de obligado cumplimiento para todos los vecinos y ordenanzas que reglamentaran de forma minuciosa la vida local: la administración de justicia, la vida económica, la defensa militar, los servicios públicos, etc.. Estas ordenanzas debían llevar la rúbrica del monarca para su aprobación, directamente, a través del Consejo de Castilla.

La sucesiva aprobación de ordenanzas municipales no se plasmaría en un cuerpo legal único, sino más bien en un conjunto de cuadernos normativos donde se regulaban las materias específicas. Las ordenanzas representaban para los concejos la mejor garantía contra la arbitrariedad y el abuso, por lo que su confirmación en cada reinado era de gran interés para el concejo. Con todo, la aprobación de ordenanzas modernas, como ocurriera con sus homólogas medievales, no era una cuestión sencilla, debida a la disparidad de intereses defendidos por las partes para dejar bien aseguradas sus aspiraciones en los estatutos municipales. De allí, surgieron algunos enfrentamientos. Si antaño correspondían al enfrentamiento estamental entre caballeros y pecheros, posteriormente, se iría orientando hacia otro, de tipo espacial, entre las capitales y los pueblos de sus respectivas jurisdicciones.

En las actas de visita consultadas no aparecen demasiadas referencias a las ordenanzas aunque si conocemos el proceso para llevarlas a cabo. Primero, con la reunión de los oficiales del concejo y la designación de ocho personas que, bajo juramento, debían confeccionarlas, observando lo más conveniente para la villa. Una vez realizadas, se enviaban al rey, a través de su Consejo de las Ordenes, para su aprobación. También podía confirmarlas el gobernador del partido.

1502

Los visitadores revisaron, y confirmaron, una ordenanza sobre la venta de vino en Almoguera de la que se habìan quejado algunos vecinos, recomendando que si parecía incorrecta, las autoridades locales procedieran a su modificación [1]